Diáspora Boricua en NY emplaza a gobernadora a que vete proyecto perjudicial para los estudiantes de educación especial

Periodismo Alternativo

Representantes de la diáspora boricua en Nueva York y defensores de derechos de estudiantes con impedimentos de esa ciudad, se unieron al pedido a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced para que vete el proyecto 1945 que crearía una nueva ley de educación especial en Puerto Rico.

Entre las entidades se encuentran el Comité Timón The People and Families Chapter de New York City, que da servicios a familias que emigran a Nueva York buscando servicios de educación especial para sus hijos e hijas.

También, la PIST de Nueva York, líder en la petición de transportación para estudiantes con y sin impedimentos, y la Diáspora X Boricua, que da servicios a familias emigrantes a causa del huracán María. Todas con sede en el Bronx.

Así, lo informó Linda Ramos, portavoz de la Coalición de Advocates y Familias de Estudiantes con Impedimentos (CAFEIPR), quien dijo además, que “todos coincidimos en la ilegalidad de artículos que legislan contrario a la ley IDEA y en que este proyecto atenta contra el propósito de apoderamiento de padres que la ley IDEA le da a los padres para que puedan defender o buscar a alguien que abogue por los derechos de sus hijos”.

“Es un descaro el intento de esta legislatura de legitimar a través del artículo 13 el control que el gobernador/a de turno tiene sobre las decisiones que hacen los jueces administrativos del foro de querellas de educación especial orientando como algo nuevo que es lo que resolvería las violaciones que enfrentan los padres en ese foro”, puntualizó Ramos.  

Documentos en poder de los medios noticiosos comprueban las denuncias realizadas por el grupo. Entre estos, páginas de los contratos que el abogado José Roberto Rodríguez Arbona firmó al DEPR comprometiéndose a tener lealtad completa a esa agencia y sus políticas públicas, a no tomar decisiones contrarias a las mismas y a darle conocimiento al ejecutivo previo a tomar una decisión adversa contra el DEPR.

De otra pate, Milagros Cancel, presidenta del Comité Timón The People and Families Chapter in New York City, arremetió contra el gobierno de Puerto Rico cuestionando, “¿en qué estado o territorio americano existen dos departamentos de educación y dos secretarios al mando con el poder de autonomía curricular, administrativo y docente. ¿A cuál currículo responderá el 70% de los estudiantes de educación especial que está en la corriente regular? Tampoco es cierto justificar un proyecto de ley tan tramposo diciéndole a los puertorriqueños y a la gobernadora que en Puerto Rico los padres no saben inglés y que se necesita una versión en español de la ley IDEA porque la ley IDEA ya existe en español”, terminó diciendo.

Sara Catalinotto, portavoz de PIST NYC dijo “respaldamos a los intercesores de padres de Puerto Rico (special education advocates) y declaramos inaceptable que el gobierno pretenda criminalizarlos por su trabajo para meterlos presos si permiten que alguien les llame defensores o advocates por asistir a padres en las reuniones escolares donde se toman decisiones sobre evaluaciones, terapias y el programa educativo individualizado de los estudiantes porque son excelentes y son el primer recurso de ayuda que tienen los padres, ya sea mediante servicios gratuitos o  tarifas, igual que en Estados Unidos. Hemos visto que son buenos fiscalizando al gobierno. Quitarle el derecho al padre de acudir con el advocate de su preferencia para que tenga que escoger al que al gobierno le dé la gana es corromper la ley de educación especial IDEA 2004. A ellos les quieren imponer una licencia compulsoria, pasar una reválida con requisitos que solo podría hacer un abogado y eso no es permitido. Engañan a la población diciéndoles que en New York, Massachusetts y Texas los advocates no pueden ejercer si no tiene una licencia profesional e irían preso todo aquel que incumpla con ello”.

Ramos informó que “el Council of Parent Advocates and Attorneys and Advocates (COPPA), asociación de padres, abogados, abogados y advocates en toda la nación advierten que no existe ley federal ni estatal que obligue a eso y que así, debe decírsele a los padres al momento de escoger algún advocate. Lo que se emite son certificaciones no compulsorias, no licencias.

“La ley federal apodera a los padres para ser advocates para sus hijos y los padres escogen al advocate o ciudadano de su preferencia para que le asista, le oriente y ayude en los procesos. Lo que la ley federal le deja a los estados es decidir o no que un “non attorney” represente a los padres en las vistas administrativas y ya Puerto Rico cuenta con un caso en Tribunal Supremo y una legislación local que no lo permite. Pero ello no quita que el padre vaya acompañado por un advocate a la vista”, puntualizó Ramos.

Kenny Arroyo portavoz de la Diáspora X Boricua también, manifestó ayer su respaldo a los opositores del proyecto, a los intercesores, padres y familias de estudiantes con necesidades especiales de PR. Arroyo trabaja para el senador demócrata de Nueva York, Jamaal T. Bailys.

Linda Ramos de la Coalición de Advocates y Familias de Estudiantes con Impedimentos en Puerto Rico (CAFEIPR) e intercesora en PR dijo estar complacida con el apoyo recibido de familias y entidades neoyorquinas que se han unido al reclamo de oposición contra ese proyecto y han entendido lo que se esconde en una legislación local que sin existir todavía, ha provocado la emigración de muchas familias puertorriqueñas hacia New York y otros estados, buscando mejores servicios de educación especial para sus hijos a pesar de que en la isla se reciben millones federales y estatales para esos servicios.

Las entidades neoyorquinas coinciden en que ahora es más difícil para los emigrantes con la pandemia del COVID-19 y el que los refugios o “shelters” están llenos. Continuarán desde allá apoyando a los advocates y padres de Puerto Rico para que la ley IDEA se haga cumplir en toda la Isla. Dijeron que es inaceptable la falta de imparcialidad de los jueces administrativos del foro de querellas de educación especial de Puerto Rico.

El proyecto 1945 ha recibido la oposición de todas las entidades que luchan por los derechos de esta población. Entre algunos, CAFEIPR, Asociación de Dislexia, APNI, el Comité Timón del pleito de clase, el Movimiento por la educación y la niñez Temprana, y el Colegio de Abogados de Puerto Rico.  

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