Los políticos no podrán usar sus redes sociales personales para hacer campaña

Para Prensa sin censura

El contralor electoral, Walter Vélez, establece mediante la determinación sobre las páginas oficiales de Internet y redes sociales de entidades gubernamentales y sus Funcionarios Principales, que:

1 Las páginas y los portales cibernéticos de los Funcionarios Principales, aunque hayan sido establecidos en carácter personal, se considerarán oficiales y sujetos al cumplimiento con las prohibiciones establecidas en el Artículo 10.006 de la Ley 222 y el Reglamento 39.

2 Todo Funcionario Principal que aspire a un puesto electivo en las elecciones mantendrá separadas sus páginas de Internet y cuentas en redes sociales relacionadas con su campaña electoral de aquellas páginas que mantenga en su carácter de Funcionario Principal

3 Todo Funcionario Principal que no aspire a un puesto electivo, solamente podrá mantener en sus páginas oficiales contenido que no violente las disposiciones del Artículo 10.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, evitando cualquier alusión a personas que aspiren a un puesto electivo en primaria o presenten su candidatura en la elección general.

Específicamente, en cuanto a las páginas de Internet y redes sociales de las entidades gubernamentales, que son el objeto de esta Determinación, el Artículo 10.006 (4) dispone que:

Las páginas y los portales cibernéticos de las tres ramas del Gobierno y de los gobiernos municipales, incluyendo sus respectivos contenidos oficiales en las redes sociales, podrán continuar su curso de operación y difusión siempre que no incluyan la exposición de logros; mensajes, lemas o símbolos relacionados con campañas políticas; ni se favorezca o desfavorezca la figura o la imagen de ningún funcionario elegido y tampoco a aspirantes o candidatos a cargos públicos por elección.

En caso de que se detecte incumplimiento o surja una querella relacionada con las prohibiciones de este inciso, se podrá requerir a la entidad pública concernida las modificaciones y los ajustes que fuesen necesarios y hasta el cese inmediato de cualquier publicación cibernética.

A fin de instrumentar las restricciones antes citadas, la Ley delegó en la OCE la aprobación de un reglamento que establezca las normas y los procedimientos para la evaluación y la adjudicación de los gastos de difusión pública financiados con fondos del Gobierno de Puerto Rico con parámetros claros, objetivos y uniformes.

En cumplimiento con el mandato de ley, la OCE aprobó el Reglamento Núm. 39 sobre Fiscalización de Gastos de Difusión Pública (en adelante “Reglamento 39”). Dicho Reglamento estableció en su Sección 2.9 los criterios para la evaluación de páginas de Internet y redes sociales de las entidades gubernamentales, como sigue:

A tenor con este Reglamento, la OCE está facultada para revisar las páginas web y redes sociales a fin de detectar si hay alguna posible violación al Artículo 10.006 de la Ley 222 o a este Reglamento. Una vez se detecta un posible incumplimiento a la Ley, la OCE podrá requerir a la entidad gubernamental que sustituya todo o parte del contenido de su página web para atemperarlo a los requisitos de la Ley y de este Reglamento.

A tono con lo anterior, la antes citada normativa dicta, en su aplicación, que en las páginas oficiales en

la Internet o en el contenido oficial de las redes sociales no se pueden publicar, por ejemplo:

* Asuntos de campaña electoral, personales o sobre negocios personales.

* Biografías en las que se resalte la trayectoria del Funcionario Principal, sus logros, programas, proyecciones o proyectos, “slogans”, frases, lemas o logos con contenido político partidista.

* Información sobre actos políticos colectivos u otras formas de hacer donativos a los comités de campaña de aspirantes, candidatos, partidos o a cualquier otro comité político, incluyendo, donativos al comité de campaña del Funcionario Principal como aspirante o candidato.

* Contenido desarrollado mediante el uso de recursos provistos por cualquier aspirante, candidato, partido, sus respectivos comités, o cualquier otro comité político, incluyendo recursos del comité de campaña del Funcionario Principal como aspirante o candidato.

Contenido ajeno a asuntos oficiales de la agencia o del Funcionario Principal.

* Expresiones a favor o en contra de: personas que figuren como aspirantes o candidatos, partidos o comités políticos de cualquier tipo.

* Recomendaciones sobre cómo votar en un evento electoral.

* Cualquier otro contenido que no pueda ser interpretado razonablemente de otra manera que no sea que el mismo aboga por la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante o candidato, o que reproduce íntegramente material de campaña de un partido político, ideología política, aspirante o candidato.

* El uso de cualquier tecnología de video en vivo, mantendrá el mismo rigor de prohibición de cualquier contenido de los aquí mencionados, incluyendo la exposición de la figura del Funcionario Principal.

Si, ante una posible violación a esta normativa establecida en la Ley 222, la OCE requiere la sustitución de todo o parte del contenido de una página web o cuenta en una red social por esta contener algún contenido prohibido por el Artículo 10.006 de la Ley 222 o el Reglamento 39, y tal requerimiento es incumplido sin que se exponga causa o justificación alguna ante la OCE, el Funcionario Principal o empleado público que incumplió con la Orden se expone a que la OCE le imponga una multa administrativa, en su carácter

personal.

Véase Sección 4.4 del Reglamento 39. A tenor con la Infracción 4 de la Sección 6.1 del Reglamento Núm. 39, desacatar una Orden de la OCE requiriendo la modificación o cese de la publicación de información en las páginas web y las redes sociales oficiales manejadas por las entidades gubernamentales expone al infractor a una multa de $1,000 a $4,000 por primera infracción y de $5,000 a $10,000 por infracciones subsiguientes.

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