EL FUNERAL DE LA CARTA DE DERECHOS A VÍCTIMAS DE DELITO EN PUERTO RICO

Prof. Juan Carlos Malavé-Rexach

Para Prensa sin censura

La primera oración de la exposición de motivos de la Ley 22 del 1988, según enmendada, Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, establece claramente que “Un sistema de justicia que no es equitativo en cuanto a la protección de los derechos del acusado y la debida protección a las víctimas de delito está destinado al fracaso”.

La referida ley, en su recepción, afirma la importancia de una homeostasis entre los derechos del acusado y los de la víctima. Este balance, la estabilidad similar, es un deber ministerial del Estado al realizar sus leyes (legislativo), al ejecutar las leyes y normas (ejecutivo) y al adjudicar y procesar las leyes (judicial).

Durante más de dos décadas interviniendo con víctimas,como especialista en abuso y agresión sexual, no había visto un mayor ejemplo de victimización secundaria como los proyectos 2476 de la Cámara de Representantes y 1590 del Senado para las enmiendas de las Reglas de Procedimiento Criminal. El estremecimiento y la conmoción vivida por las víctimas de abuso y agresión sexual durante la confrontación, la experimentación y tramitación del procedimiento investigativo, judicial y psicosocial es suficiente para posibles traumas emocionales, comportamentales y sexuales. Sin embargo, se pretende prolongar este proceso, desabrochando viejas heridas emocionales e incorporando un capítulo adicional a la narrativa lóbrega y umbrosa de su vida. Dichos proyectos no cumplen con la armonía de la política pública de proveer protección victimológica.

La Carta de Derechos a las Víctimas está en agonía cuando el Estado no cumple con tres necesidades básicas de las víctimas: ser respetadas en su dignidad, ser protegidas y ser consultadas. Las víctimas tienen derecho a recibir un trato digno y compasivo por parte de todos los funcionarios y empleados públicos; amplificar los procesos en un nuevo juicio es un quebrantamiento a la integridad de la víctima.

Es lamentable y desacertado las aprobaciones de medidas legislativas sin la debida tramitación de las opiniones y recomendaciones de las víctimas; dado a que todas las víctimas deben de estar informadas de todos los procedimientos posteriores a la sentencia del agresor. Los menores de edad y poblaciones con diversidad funcional abusados sexualmente tienen derecho a no estar expuestos a experiencias que puedan tener consecuencias serias para su salud mental y emocional. Un ciclo agregado de experiencias judiciales recrudecería su estado biopsicosocial.

La adjudicación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la controversia, en materia de derecho procesal penal del caso Ramos vs Louisiana, ha llevado al Estado a flaquear en el estado de derecho constitucional, penal y procesal del sistema de justicia criminal tomando la decisión de solicitar remedios para los casos de sentencias finales y firmes. Sin embargo, esta disposición aplica ipso facto a sentencias no unánimes que no sean finales y firmes. Nuestra situación de subordinación colonial nos “invita” a aceptar tal jurisprudencia, pero concibo una oscilación negativa de derechos entre víctimas y acusados incluir las sentencias finales y firmes, y de esta manera prepararnos para el funeral de la Carta de Derechos a Víctimas.

(El autor es Profesor Universitario y Sexólogo y Coordinador Comité Promoción Salud Sexual en la Asociación de Psicología de Puerto Rico.)

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