Colapsa la economía de Puerto Rico

Dr José Caraballo Cueto

Economista

El Índice Coincidente de Actividad Económica (IAE) estaba mostrando aumentos interanuales desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2019, el último mes publicado.

En particular, el IAE aumentó un 1% al comparar con el mes de diciembre de 2019 con diciembre de 2018. Esto representaba un regreso al crecimiento económico observado a principios del año natural 2019.

De hecho, recientemente fueron publicadas las cuentas nacionales correspondientes al año fiscal 2019 (que terminó el 30 de junio), donde se informa que el Producto Nacional Bruto real (PNB, luego de ajustarse por inflación) creció 1,5%. El Producto Interno Bruto real -el cual no se usa comúnmente en Puerto Rico ya que está inflado por la transferencia en precio de las multinacionales- también creció 1,2%. Es decir, tal y como se había pronosticado en estos informes del pasado, la economía de Puerto Rico experimentaría un crecimiento económico moderado durante el año fiscal 2019.

Cabe señalar que tanto la Junta de Control Fiscal como el gobierno local habían pronosticado un crecimiento de entre 4 y el 6,7% en distintos planes fiscales.

Sin embargo, esa racha de crecimiento económico fue sacudida por miles de terremotos que se registraron durante enero de 2020. La respuesta deficiente a ese evento natural hizo que se convirtiese en un desastre natural que afectó a toda la Isla por varias semanas: la generación eléctrica se redujo y la generatriz Costa Sur no volvió a utilizarse.

En la zona sur, la actividad económica se detuvo por más de un mes y todavía no se ha podido precisar los costos asociados a las pérdidas económicas ni a los activos físicos dañados.

Cuando apenas se empezaba a reestablecer la actividad económica, el 15 de marzo el gobierno local estableció un confinamiento inesperado y mal planificado que ha desembocado en que ciento de miles de trabajadores desplazados no pudiesen acceder al seguro por desempleo.

En particular, se puede aproximar el número de trabajadores desplazados por el cierre al sumar los 157 mil cuentapropistas que estaban trabajando más 27 mil constructores, la mitad de los empleados del comercio y la transportación (87 mil) que probablemente no estén trabajando, 81 mil de hospitalidad e industrias relacionadas y un conservador 10% de la manufactura, información, servicios profesionales.

Esto suma cerca de 392 mil trabajadores que sumados a los 93 mil que ya estaban desempleados en febrero, daría una tasa de desempleo de aproximadamente 46%. Esta tasa es casi cinco veces mayor al 8,8% observado en febrero, el último mes publicado por el Negociado de Estadísticas Laborales.

Esto implica un colapso mayor de la economía si se contrasta con la tendencia decreciente de la tasa de desempleo desde que comenzó la reconstrucción post-huracán en 2018.

Las exportaciones totales en diciembre de 2019 (el mes más reciente) crecieron 26,3% con respecto a diciembre de 2018. De hecho, esas exportaciones fueron mayores que en diciembre de 2017. En ocho de 12 meses de 2019 también se nota una mejoría en las exportaciones, apuntando a que hubo un crecimiento de exportaciones en el año natural 2019.

Las exportaciones aumentaron tanto hacia Estados Unidos (primer socio comercial) como hacia el resto del mundo. Sin embargo, el nivel de las exportaciones en 2019 hacia ambos destinos se mantuvo por debajo de los niveles pre-huracán (septiembre 2017), mostrando que la recuperación del sector externo todavía tarda en sostenerse.

Por otro lado, las importaciones se han reducido en 10 de los 12 meses del año natural 2019, cuando se compara con el mismo periodo del año anterior. Al aumentar las exportaciones y reducirse las importaciones es predecible el resultado en el balance comercial: cerro positivo en todos los meses de 2019. De hecho, el superávit comercial en diciembre de 2019 fue 338% mayor que en diciembre de 2018.

Sin embargo, la mayor parte de estas exportaciones son de las multinacionales localizadas en Puerto Rico y no de empresas locales. Puerto Rico tiene un potencial de exportación con casi toda la región del Gran Caribe.

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL

Los recaudos netos del Fondo General (correspondientes al gobierno central) mostraron una caída en noviembre, el último mes publicado, contrastando con la tendencia de todo el año natural 2019. En noviembre de 2019 los recaudos netos llegaron a los 531 millones de dólares, -3,7% más baja que para noviembre de 2018.

Los renglones de arbitrios e impuestos sobre ingresos individuales se redujeron mientras crecieron los recaudos por el impuesto a las ventas y a las corporaciones.

En términos de políticas fiscales para contrarrestar el colapso económico, el gobierno local junto a la Junta de Control Fiscal (JCF) solo aprobaron un paquete de 787 millones de dólares, lo que representa 1% del PNB, y la mayor parte va dirigido a comprar unos dispositivos electrónicos para los estudiantes del sistema público y para incentivar a profesionales que trabajan durante la emergencia. Esto contrasta con lo ocurrido a nivel mundial donde los países están tomando medidas fiscales agresivas para reducir el colapso económico y la crisis social que se genera a partir de un confinamiento.

En particular, acreedores internacionales le permitieron a decenas de países utilizar los fondos destinados para pagar la deuda pública para estimular sus economías.

En Puerto Rico el plan de ajuste de deuda sin aprobar que redactó la JCF destina $3.809 millones de dólares como pronto pago a los acreedores del gobierno central.

Esos fondos pueden ser suficientes para proveerle liquidez a los pequeños y medianos negocios que proveen el 80% del empleo privado y para los trabajadores desplazados.

INFLACIÓN

La inflación en Puerto Rico continúa en mínimos históricos. En el mes de enero de 2020 creció 1% con respecto a enero de 2019. De hecho, durante todos los meses de 2019 la inflación se mantuvo por debajo del 1%. Este escenario de inflación sumamente baja es probable que continúe ante el colapso económico, el poco crédito circulando en Puerto Rico y a que el precio del petróleo se desplomó.

Puerto Rico no tiene moneda ni política monetaria independiente, sino que aplica la política monetaria de Estados Unidos, la cual empezó recientemente con medidas bien expansivas, que a su vez pueden ayudar a la recuperación económica de la Isla si se hacen extensivas a los agentes de Puerto Rico.

La perspectiva de crecimiento económico que la JCF pronosticó para este año fiscal 2020 no ocurrirá. En particular, la JCF predijo un crecimiento de 1,5% (cerca de mil millones de dólares), pero no se han establecido políticas económicas lo suficientemente agresivas para compensar el impacto de dos desastres naturales -terremotos y pandemia del Covid19- sobre el mismo año fiscal.

Dada la gran incertidumbre asociada al ambiente económico en Puerto Rico, resulta útil trabajar con intervalos de pérdidas. Las pérdidas económicas asociadas a estos desastres se estiman entre 8 mil y 12 mil millones de dólares (ver estimados de Abexus, Estudios Técnicos e Inteligencia Económica).

Como es usual, el gobierno local ha descansado sobre las políticas federales para atender las consecuencias económicas de los desastres naturales. Sin embargo, de asignaciones del gobierno federal no se deben esperar más de 8 mil millones de dólares dado que Puerto Rico no participa en igualdad de condiciones con los estados a la hora de recibir asignaciones.

Por ejemplo, el proyecto del Congreso para subsidiar las nóminas solo llegó a menos de tres mil empresas, de un total de cerca de 40 mil que hay en la Isla y quedó en lugar 52 de 56 jurisdicciones en los Estados Unidos,3 a pesar de tener más población que varios estados.

Además, es de esperar que haya dilación en otros fondos. Por ejemplo, de los fondos asignados hace dos años para la reconstrucción del huracán María apenas se han invertido la mitad y en el caso de los terremotos, todavía no se ha aprobado el proyecto que asignaba fondos. Por lo que no es exagerado decir que la economía de Puerto Rico tiene todavía que superar los costos asociados a tres desastres naturales.

De hecho, una gran cantidad de empleados desplazados por el toque de queda siquiera han podido recibir el seguro por desempleo que pagaron cuando trabajaban, luego de siete semanas en confinamiento. El gobierno local atrasó la entrega a estos desplazados al entablar una disputa burocrática con el gobierno federal y al darle prioridad a los individuos que habían radicado su planilla de impuestos.

Esto ha disparado una crisis social que simultáneamente afecta al sector privado al mantener la demanda agregada en niveles sub- óptimos.

Dadas estas señales lamentables de la economía hasta el momento, es de esperarse que para el presente año fiscal 2020 haya un regreso a la recesión que ya venía desde 2012 a 2018. En el borrador del plan fiscal publicado en mayo de 2020, el oficialismo establece que el crecimiento real en el PNB para este año fiscal 2020 será -3,6% y para el año fiscal 2021 se pronostica un – 7,8%.5 La inflación la proyectan en 0,36% para 2020 y 0,49 para 2021.

Sin embargo, estas proyecciones económicas son muy bajas para el año fiscal corriente y muy altas para el próximo 2021. Este año fiscal es probable que la economía decrezca entre 5 y 8%, mientras que el próximo puede que se acerque a cero si se desembolsan los fondos para atender los desastres.

Pero, no se deben celebrar mucho estos estímulos, como ocurrió luego del huracán María. Es importante recordar el impacto macroeconómico irrisorio que tuvieron los cheques a individuos en 2009 (fondos ARRA): al consumir productos extranjeros en tiendas extranjeras se minimizó el efecto multiplicador del consumo. Aun si esta vez los consumidores gastan más en productos y comercios locales, fíjese que las pérdidas estimadas del toque de queda son probables que superen el estímulo económico federal.

Además, nadie está analizando cuál será el modelo de crecimiento una vez terminen estos fondos federales.

SITUACIÓN POLÍTICA

En esta sección se comentará sobre tres entes políticos: la JCF, el Congreso y el gobierno local. Por un lado, la JCF debe cambiar el plan fiscal vigente y los acuerdos de deuda pendiente que se basaron en la idea de que la economía crecería. Del plan fiscal pre María al post María, la JCF tuvo la osadía de doblar el pago a la deuda mientras reducía las remesas a la universidad pública por 48,1 millones de dólares. Luego de tres desastres no se puede proyectar el pagar más deuda que antes y así se expresó al respecto el presidente de la JCF.

Sin embargo, el nuevo plan fiscal divulgado en mayo de 2020 llama “precontractual” al plan deuda pendiente del gobierno central. En el documento se admite que ese pago de deuda creará déficits fiscales y no considera usar los fondos deuda para estimular economía, como hacen decenas países.

Ya vimos que el Banco Gubernamental de Fomento no pudo cumplir con sus pagos de reestructuración y tuvo que hacer un “reprofiling” (una especie de posposición de la amortización). No podemos permitir otros acuerdos insostenibles de deuda. La JCF debe aprovechar que las tasas de interés están en mínimos históricos para reducir el pago anual de deuda. La tasa estipulada en el plan de ajuste de deuda de 5,548% es casi el doble de lo que pagan en promedio los bonos riesgosos en el mercado municipal.

En el caso del Congreso, hay cierta apertura para que Puerto Rico vuelva a ser un enclave farmacéutico (Según editorial del New York Post). Si se aprovecha el año eleccionario para empujar esta medida y las nuevas manufactureras extranjeras se encadenan con las empresas locales, sería lo mejor que obtendría la economía de Puerto Rico de esta crisis actual.

El gobierno local tiene ante sí la difícil tarea de armonizar las políticas epidemiológicas con las económicas para lidiar con la crisis del COVID-19. Para esto se necesita un análisis interdisciplinario: no se puede analizar la epidemia como si los recursos económicos fuesen infinitos y equitativos entre agentes ni se puede reabrir la economía sin pensar en el costo humano.

De hecho, hay artículos académicos que combinan ambos enfoques y pueden ayudar en la toma de decisiones.

Shen y Bar-Yam (2020)7 demuestran que esta pandemia se puede superar con un toque de queda de cinco semanas, haciendo pruebas masivas (incluyendo en las fronteras), rastreando los contactos y monitoreando a los infectados. Pasó la quinta semana en Puerto Rico y, de acuerdo con Espacios Abiertos, somos la jurisdicción de Estados Unidos que menos pruebas hace, aun ajustando por la población. En Puerto Rico no han rastreado los contactos y en nuestra “frontera” (el aeropuerto) no hacen pruebas obligatorias.

Por tanto, si seguimos esperando por que el gobierno implante esta alternativa, el toque de queda se extendería varios meses más, quebrando una gran cantidad de PYMES, disparando la crisis social y llevando a la insolvencia al mismo gobierno, el cual no tendría fondos para pagarles a los empleados públicos, algunos de los cuales están tranquilos porque cobran sin trabajar.

Uri Alon y colegas proponen alternar el toque de queda con una apertura de la economía con distanciamiento físico y sin aglomeraciones. En Puerto Rico se pueden alternar dos semanas de toque de queda con una semana de apertura económica controlada, seguida por dos semanas de toque de queda y así sucesivamente. Algo parecido implantó el gobierno cuando decidió permitir que las gomerías y ferreterías abriesen dos días a la semana, sin mayores daños reportados. La cantidad de semanas alternas pueden decidirse a base de la ocupación hospitalaria, la cual está baja actualmente y era uno de los propósitos del toque de queda.

Alon et al. (2020) difieren de muchos republicanos, los cuales proponen abrir la economía gradualmente, sin regresar al toque de queda. Esta gradualidad la examinan Eichenbaum et al. (2020)9 y encuentran que no trae beneficios económicos, si no se alcanza primero el pico de infectados.

Se seguirá necesitando, que se realicen pruebas masivas, rastreen contactos, movilicen a empleados públicos sin trabajo hacia el procesamiento de solicitudes de desempleo y del Programa de Asistencia Nutricional, y utilicen las reservas del pago de la deuda pública para ayudar a las personas y a las PYMES, y para comprar equipo de salud.

(Las opiniones vertidas en este informe son responsabilidad del autor y no representan a las instituciones individuales que integran el Círculo de Estudios Latinoamericanos –CESLA)

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