Asociación de Economistas de Puerto Rico exhorta al gobierno a mejorar las condiciones de trabajo

Formulan su llamado ante la eventual reapertura de la economía durante la pandemia del COVID-19

Para Prensa sin censura

Cónsono con la conmemoración el día primero de mayo del Día Internacional de los Trabajadores y a la luz de la divulgación de los planes del grupo de trabajo médico y del grupo de trabajo económico de la Gobernadora Wanda Vázquez, para la reapertura escalonada de la economía durante la pandemia del COVID-19, la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) recomienda al Gobierno de Puerto Rico impulsar medidas para proteger la salud y vida de los trabajadores y la ciudadanía.

La Junta de la AEPR, por voz de su presidente, Heriberto Martínez Otero, se reafirma en que el principio fundamental de la salud y el bienestar de las familias debe ser la prioridad en cualquier plan estratégico del gobierno dirigido a la atención de la crisis del COVID-19.

A tales fines, recomienda que los patronos provean los materiales y el equipo de protección necesarios para operar de forma segura en medio de una pandemia. De igual manera, señala que -como parte de las medidas para proteger la salud y vida- debe proveerse a todos los trabajadores seguro médico y acumulación de licencia por enfermedad, además de un salario cónsono con el costo de vida para satisfacer necesidades básicas.

Por otro lado, tomando en consideración los sucesos de las pasadas semanas y el aviso de organizaciones vinculadas a los derechos de la mujer trabajadora, recomienda a los patronos esfuerzos adicionales para atender el estado de emergencia machista que persiste en el país. En este sentido, estos deben informar sobre los protocolos para atender la violencia de género en el lugar de trabajo y las protecciones legales que cobijan a las trabajadoras; incluyendo, la legislación que protege el principio de “igual paga por igual trabajo”, como parte de promover un espacio integralmente saludable y digno para gestar una apertura. Las empresas además deben considerar proveer facilidad para cuido de los hijos de los empleados que son requeridos a trabajar de forma presencial en esta crisis; al menos mientras dure el periodo de cierre de escuelas.

Dichas medidas deben adoptarse para toda la fuerza laboral en el sector público y privado, independientemente de su situación contractual o jornada laboral; en conjunto con aquellas sugeridas por el grupo de trabajo médico y por el grupo de trabajo económico. Entre ellas, debe enfatizarse las orientaciones a la población sobre medidas de seguridad, la creación de protocolos para reabrir las empresas, validación de estos por el gobierno, cubierta de las aseguradoras de pruebas y servicios médicos relacionados a COVID-19 y dotación de recursos al sistema público de salud para la atención de esta pandemia.

La AEPR llama la atención a que el Sistema Público de Salud del país ha sido ineficiente desde que se aprobó la Reforma de Salud en la década de 1990. Dicha situación se ha agravado con las políticas de austeridad adoptadas a partir de la depresión económica que comenzó en el 2006 y que 14 años después aún persiste. Junto a ellas se han aprobado leyes que han menoscabado las protecciones laborales además de precarizar las condiciones de trabajo y de vida de las familias en Puerto Rico. Entre ellas se encuentran la Ley 7 del 2009, la Ley 66 del 2014 y la Ley 4 del 2017. Dichas leyes significaron el despido de empleados públicos, reducción de beneficios relacionados con la licencia de vacaciones, licencia de enfermedad y bono de navidad, el aumento del periodo probatorio, inclusión de nuevas causas para el despido justificado y la congelación de aumentos salariales estipulados en convenios colectivos.

Como resultado de estas medidas, la depresión económica del país se ha profundizado. De acuerdo con el Apéndice Estadístico del Informe Económico a la Gobernadora, entre los años 2006 y 2019, la población se redujo 16.1%, la producción se contrajo un 20.8%, el nivel de empleos disminuyó 21.4% y la participación laboral bajó de 49% a 41%. Paralelamente, a pesar de incrementar la productividad de trabajadores y trabajadoras, la compensación devengada por empleados disminuyó en términos absolutos -8.4%, mientras, los ingresos de los propietarios aumentaron 34.7% en plena crisis económica. Tal situación ha provocado una mayor vulnerabilidad de los trabajadores y sus familias que se dramatiza en momentos de crisis, tal y como quedó demostrado con el Huracán María, los terremotos y, en estos momentos, el COVID-19. Por tal razón, la AEPR se reafirma en que se provean mayores protecciones a los trabajadores y sus familias y que aquellos que se reintegren a sus empleos conserven sus beneficios laborales.   La prioridad debe ser destinar de forma efectiva los recursos necesarios al Sistema Público de Salud y a la ciudadanía en general; con particular atención a los sectores más vulnerables.  

De igual forma la AEPR se une al reclamo para la pronta acción del Tesoro federal, de la Junta de Supervisión Fiscal y a las agencias del Gobierno de Puerto Rico para agilizar los procesos para la otorgación de las diferentes ayudas económicas a los trabajadores y a la población. En específico los $1,200 por adulto y $500 por niño, el seguro por desempleo de los cuentapropistas y asalariados, los $500 prometidos para los empleados del sector privado y pensionados. Han transcurrido siete semanas desde que se declaró la emergencia, la salud económica de miles de trabajadores se ha agravado por la falta de eficiencia y efectividad en la otorgación de los beneficios. 

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