Municipios asociados se adiestran en las disposiciones de la veda electoral

Para Prensa sin censura
Ante el inicio del año electoral a partir de enero 2020, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico realizó un seminario para todos los 45 municipios asociados, con el propósito de actualizarse sobre las disposiciones de la Ley Electoral, particularmente lo relacionado a la veda de publicación de anuncios.   
“Para nosotros es muy importante el fiel cumplimiento de los reglamentos y por eso generamos esta iniciativa a cargo del licenciado Lind O. Merle Feliciano. Para los municipios es crucial comunicar efectivamente los servicios que ofrecemos a la ciudadanía”, expresó José ‘Joe’ Román Abreu, alcalde de San Lorenzo.
A partir del 1 de enero de 2020, las entidades gubernamentales deben pedir permiso antes de anunciarse. Así, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) opera como filtro para asegurarse de que las agencias gubernamentales, corporaciones públicas y municipios no hagan campaña política con fondos designados para dar servicios al pueblo. De esta disposición están exentas algunas agencias como la Compañía de Turismo y Fomento Industrial, entre otros.
Los anuncios deben ser evaluados por una Junta de Anuncios, que al día de hoy no ha sido constituida. En el caso del Partido Popular Democrático (PPD), ya se designó al licenciado Gerardo de Jesús Anoni para que les represente en dicha junta. A inicios de este mes, el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, reconoció que anticipaba que el Proyecto del Senado 1314, que crearía un nuevo Código Electoral, se aprobaría durante la pasada sesión legislativa, que culminó el pasado 19 de noviembre.
La medida transfiere de la CEE a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) la responsabilidad de fiscalizar los anuncios públicos. Pero al quedarse sobre el tintero hasta la sesión que comienza el 15 de enero, las funciones de la JEA permanecerán en manos de la CEE al menos durante las primeras semanas de la veda electoral, que entra en vigor el 1 de enero de 2020.
“Los municipios (y agencias del gobierno) que violen esta disposición se exponen a una multa de $10,00 en la primera ocasión y de $25,000 en la segunda ocasión, por lo que es sumamente importante el fiel cumplimiento de dichas disposiciones”, finalizó Román Abreu.

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