Alcaldes envían planteamientos a la Junta de Control Fiscal sobre trabas en la reconstrucción del País

Prensa sin censura

Los datos que la Asociación de Alcaldes recopiló a dos años del paso del Huracán María, y las dificultades que en la reconstrucción causadas por la ineficiencia del gobierno central, fueron compartidas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a petición del ente federal, informó el presidente del grupo municipalista, José ‘Joe’ Román Abreu.

“Un funcionario enlace de la Junta recibió la información y se comunicó con nosotros para conocer mejor nuestros planteamientos y evaluar cómo se podría atender este asunto tan crítico para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Los funcionarios más cercanos del Congreso y Casa Blanca son la comisionada residente Jenniffer González y la Junta, que están llamados a atender la necesidad aue viven los puertorriqueños a raíz del paso del Huracán María”.

El también alcalde de San Lorenzo añadió que una de las funciones de la Junta es analizar, evaluar y resolver y en ese sentido, la información que estamos dando, apunta en ese sentido. El pasado lunes, un grupo de alcaldes presentó los datos recopilados en 24 de los 45 municipios asociados, como una muestra de la situación actual en dichos pueblos.

Los alcaldes de Villalba, Guayanilla, Salinas y Yabucoa presentaron el caso del reembolso adeudado por FEMA en las categorías A y B, cifra que va por los $43,945,141.85 en trabajos ya realizados de remoción de escombros y medidas de emergencia. En las categorías C a G, hay un total de 5,140 proyectos reclamados, concretamente carreteras y puentes, edificios públicos, parques y facilidades recreativas. “De ese total, hay solamente 19 proyectos firmados, lo que representa el 1% de los mismos para poder iniciar las obras de construcción. Tres proyectos han recibido fondos. Esto es menos del 1 por ciento del total”, explicó Román Abreu.

Los alcaldes asociados insistieron que a dos años del paso del Huracán María, Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda debido a que no ha podido iniciar la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, deslizamientos de terreno, facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A eso se añade la falta de personal capacitado y necesario para poder implementar las políticas establecidas, tanto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) del gobierno central, particularmente a la falta de consistencia en el proceso de documentación para la validación, desde su inicio y durante todo el proceso.

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