Crónica: Infierno en el hospital

Jaime Torres Torres

Prensa sin censura

Un niño llegó a la sala de emergencias con un ataque crónico de asma. Las enfermeras y los médicos lo atendieron con diligencia, pero faltaba lo más importante: un tanque de oxígeno con mascarilla. Los que tienen estaban en uso por otros pacientes.

Una anciana arribó con su joven nieta sin apenas sostenerse en sus pies. Temblaba aún, luego de un ataque de epilepsia. La muchacha caminó con la señora como pudo hasta llegar al estacionamiento.

Un octogenario, encamado en su casa, tuvo que esperar tres horas para que le removieran un foli o sonda vesical para la recolección de orina. La espera lo desesperó y al final regresó a su casa con el foli porque los urólogos estaban libre.

Un joven fue trasladado en ambulancia con heridas abiertas que, aunque vendadas, sangraban profusamente, tras un accidente de tránsito.

Así, minuto tras minuto y hora tras hora, discurría el lunes de la nueva semana en la sala de emergencias del Hospital Dr. Federico Trilla de la Universidad de Puerto Rico.

Centro de servicios médicos en el que laboran decenas de jóvenes enfermeras, cirujanos, doctoras y doctores, terapistas y demás profesionales de la salud, muy talentosos, profesionales y muy comprometidos con la salud de la gente pobre.

Pero con un problema en común: la frustración e impotencia de no poder resolver de manera adecuada muchas de las emergencias de las personas por la falta de recursos humanos y financieros.

La Universidad de Puerto Rico, en el año fiscal que iniciará el próximo 1 de julio, experimentará un recorte de alrededor de $90 millones, según propuesto por la Junta de Control Fiscal. Y esa reducción impactará adversamente al ya maltrecho Hospital Dr. Federico Trilla, que no pocos consideran “un matadero”, por la propaganda negativa circulada por algunas de las corporaciones hospitalarias privadas, a donde acuden los pacientes con recursos o un seguro médico más o menos bueno.

Pero el Hospital Dr. Federico Trilla es para el pueblo. Para el paciente indigente, pobre y sin educación sobre las bondades de la prevención para mantenerse a raya del infierno de una sala de emergencias con profesionales muy competentes, pero con poco personal y recursos razonables.

Razonables es poco si recordamos que lo que está en jaque es la vida de los seres humanos. El derecho a la vida es inviolable. Pero la gente se enferma y no recibe la asistencia médica intrínseca a su dignidad humana, que igualmente es sagrada.

Falta de cubículos y camillas; de tanques de oxígeno; unidades de aire acondicionado defectuosas; escasez de especialistas; hacinamiento; estrés y ansiedad; frustración, tristeza y en ocasiones… la Muerte.

Tierra de nadie. ¿Purgatorio? ¿Hades? ¿Paradón? ¿Callejón sin salida? ¿Pasaje de ida sin regreso?

Muchísimo más porque la prioridad de los gobiernos neoliberales es el dinero y no la gente. Y la administración de Ricky Rosselló no es la excepción.

Por eso interpela observar, por su elocuencia, los rostros de las enfermeras y galenos que finalizan su turno de 8 y a veces hasta 12 horas. Semblantes de cansancio, agotamiento, frustración, desasosiego, tristeza e impotencia.

El estado debe reenfocar sus políticas públicas y priorizar la salud, con la asignación del presupuesto correspondiente para el Hospital de Área de Carolina, como también se le conoce al Federico Trilla, y a otras instituciones como el Centro Médico, que recientemente se dilucidó un recorte de $30 millones a su presupuesto, y los dispensarios de salud pública municipales, donde antes se salvaban vidas y que hoy, en su mayor parte, son administrados por firmas e inversionistas privados.

Mientras, las personas sobreviven y soportan, aguardando en ocasiones cinco y hasta siete horas para ser atendidos.

Algunos salen y sobrellevan la espera fumando, mirando los autos que circulan por la PR-3, comiendo golosinas, tomando gaseosas que compran en las máquinas de expendio que administra la Pepsi o elevando desde el infierno de la indigencia médica una oración al Cielo por la justicia social y un digno acceso a la salud.

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