Concierto plenero de Danny y Humberto

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El cantante Danny Rivera y el trompetista y director musical Humberto Ramírez se han dado a la tarea de revivir y perpetuar el legado del Maestro César Concepción, inigualable trompetista, compositor, arreglista y director de orquesta.

 

Hoy lanzan oficialmente el disco titulado: Danny Rivera Mil Años de Plena, Tributo a César Concepción, que esta semana estará disponible en los formatos físico y digital. Once plenas componen esta joya musical; ocho de ellas son composición de César Concepción: “En Ponce”, “Mil Años”, “Pa’ Los Boricuas Ausentes”, entre otras.

 

Incluye dos canciones que no son de la autoría de Concepción, pero que cobraron fama al ser interpretadas por su orquesta: “Pa’ Salinas” y “Beso Borracho”. Y Danny Rivera compuso para esta grabación el tema “Plena Pa’ César Concepción”, en el que participa la cantante Karla Marie.

 Los músicos del Humberto Ramírez Big Band acompañaron a Danny Rivera. El disco fue grabado, mezclado y masterizado por el ingeniero Sonny Hernández. Los arreglos, adaptaciones; así como la dirección y producción musical estuvieron a cargo del Maestro Humberto Ramírez.

 

Según la biografía de la Fundación Nacional para la Cultura Popular (FNCP), César Concepción “(…) elevó la plena a la categoría “de salón” introduciéndola en los salones más fachendosos, y como fundador y líder de una de las orquestas más sensacionales surgidas en nuestro país durante el Siglo 20.” (Enlace de la biografía en la página de FNCP para más detalles: https://prpop.org/biografias/cesar-concepcion/ )

 La música de este disco y otras famosas composiciones de César Concepción serán interpretadas en vivo durante el concierto “Danny Rivera Mil Años de Plena, Tributo a César Concepción” que se llevará a cabo el sábado 5 de octubre a las 8:30 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

 

Danny Rivera, Humberto Ramírez y su Big Band, así como Daniel Rivera (hijo de Danny Rivera) y Karla Marie participarán en este concierto. Andanza tendrá a su cargo las coreografías y bailes en algunos de los temas, bajo la dirección teatral de Dolores Pedro.

 Los que tienen un grupo de plena, también podrán participar de este concierto enviando un video al siguiente correo electrónico: raquelita2710@yahoo.com. Se escogerá una agrupación que acompañará a Danny Rivera y Humberto Ramírez en uno de los temas.

 

El concierto Danny Rivera Mil Años de Plena, Tributo a César Concepción” es producido por la Fundación Nacional para la Cultura Popular. La grabación también podrá adquirirse esa noche en el concierto. Los boletos ya están disponibles en Ticketcenter (787.792.5000; www.tcpr.com).

Alcaldes envían planteamientos a la Junta de Control Fiscal sobre trabas en la reconstrucción del País

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Los datos que la Asociación de Alcaldes recopiló a dos años del paso del Huracán María, y las dificultades que en la reconstrucción causadas por la ineficiencia del gobierno central, fueron compartidas con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a petición del ente federal, informó el presidente del grupo municipalista, José ‘Joe’ Román Abreu.

“Un funcionario enlace de la Junta recibió la información y se comunicó con nosotros para conocer mejor nuestros planteamientos y evaluar cómo se podría atender este asunto tan crítico para la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico. Los funcionarios más cercanos del Congreso y Casa Blanca son la comisionada residente Jenniffer González y la Junta, que están llamados a atender la necesidad aue viven los puertorriqueños a raíz del paso del Huracán María”.

El también alcalde de San Lorenzo añadió que una de las funciones de la Junta es analizar, evaluar y resolver y en ese sentido, la información que estamos dando, apunta en ese sentido. El pasado lunes, un grupo de alcaldes presentó los datos recopilados en 24 de los 45 municipios asociados, como una muestra de la situación actual en dichos pueblos.

Los alcaldes de Villalba, Guayanilla, Salinas y Yabucoa presentaron el caso del reembolso adeudado por FEMA en las categorías A y B, cifra que va por los $43,945,141.85 en trabajos ya realizados de remoción de escombros y medidas de emergencia. En las categorías C a G, hay un total de 5,140 proyectos reclamados, concretamente carreteras y puentes, edificios públicos, parques y facilidades recreativas. “De ese total, hay solamente 19 proyectos firmados, lo que representa el 1% de los mismos para poder iniciar las obras de construcción. Tres proyectos han recibido fondos. Esto es menos del 1 por ciento del total”, explicó Román Abreu.

Los alcaldes asociados insistieron que a dos años del paso del Huracán María, Puerto Rico es más vulnerable en términos de infraestructura y vivienda debido a que no ha podido iniciar la etapa de reconstrucción de puentes, carreteras, deslizamientos de terreno, facilidades públicas, que son esenciales para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A eso se añade la falta de personal capacitado y necesario para poder implementar las políticas establecidas, tanto en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), como de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3) del gobierno central, particularmente a la falta de consistencia en el proceso de documentación para la validación, desde su inicio y durante todo el proceso.

Denuncia homenaje a carpeteros del independentismo

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El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, condenó enérgicamente la designación de un parque con el nombre de Ángel Pérez Casillas en el municipio de Canóvanas al tiempo que indicó que, de concretarse la acción, el PIP la combatirá en los tribunales.

“Es una afrenta y un agravio a las miles de personas que fueron perseguidas, fichadas y encarpetadas por la Policia de Puerto Rico -con este individuo al mando- por ser independendistas. Este señor no solo fue el director de la nefesta división de inteligencia de la Policía, cuya función principal fue violar los derechos humanos y civiles de miles de personas por el mero hecho de creer en la independencia para Puerto Rico, sino también fue uno de los cómplices y artífices de los asesinatos del Cerro Maravilla. Cualquier instalación que lleve su nombre es un homenaje a la barbarie”, manifestó Márquez Lebrón.

El legislador independentista, quien por 20 años representó al PIP en el caso de las carpetas cuestionó, además, la validez de tal designación, ya que la Ley de Municipios Autónomos dispone que “en ningún caso se utilizarán nombres de personas que no hayan fallecido”.

“Este señor no está a la altura moral ni legal para ser homenajeado en algo. No es posible que se le rinda tributo inmerecido a uno de los artífices y cómplices de los asesinatos del Cerro Maravilla en este país. Si tienen la desfachatez de continuar con esto lo combatiremos en los tribunales“, sentenció el líder independentista.

Por último, Márquez Lebrón reconoció la gestión de la legisladora municipal del PIP en Canóvanas, Elizabeth Walker, quien advirtió y denunció sobre la situación además de compartir información con su oficina legislativa.

Sacan la cara por estudiantes de educación especial

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El Movimientos por la Niñez y la Educación Publica, la Alianza de Autismo de Puerto Rico, el Comité Timón del Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez junto a diversos padres y madres que reciben servicio a través de la Oficina de Remedio Provisional, les invita para mañana jueves 19 de septiembre del 2019, frente a la Oficina del Departamento de Educación (Ave. Tnte. Cesar González) a las 11:00am con el propósito de denunciar el desastre que impera en el proceso de contratación y facturación de nuestros Asistentes de Servicio y los Servicios de terapias para nuestros estudiantes del Programa de Educación Especial.

Al día de hoy cientos de padre y madres que tienen sus asistentes de servicios para sus hijos e hijas a través de esta oficina están al borde del desespero ante la amenaza de quedarnos sin el servicio y no reciben sus terapias causando una regresión a sus logros adquiridos ante la falta de servicios.

Cabe señalar que cuando un padre o madre recibe los servicios a través de la Oficina de Remedio Provisional es porque el Departamento de Educación incumplió o no cuenta el mismo, entonces se solicita a través de esta oficina que fue creada por el Pleito de Clase Rosa Lydia Vélez con el propósito de que ningún estudiante se quede desprovisto de sus servicios.

Alcaldes asociados se oponen a la fusión de empresas en el muelle de San Juan

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La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico se sumó al nutrido grupo de organizaciones  que reclama a la gobernadora Wanda Vázquez que reconsidere su posición de “manos afuera” ante el acuerdo que fusionaría las empresas de transporte marítimo Tote y Luis Ayala Colón,  a la vez que le concedería la operación de los Muelles de San Juan bajo el nombre corporativo Puerto Nuevo Terminals.

Para el presidente de la Asociacón de Alcaldes, José R. Román Abreu, dicha fusión coloca a todo el país en una posición vulnerable ya que la misma tendría el control sobre un 80% de la carga que llega al puerto, a la vez que manejaría 11 de las 14 grúas que operan en dichas facilidades.

“La Gobernadora tiene que tomar conocimiento de dos hechos que constituyen parte del historial de estas empresas. En primer lugar, las mismas fueron señaladas por las autoridades por fijación ilegal de precios. Segundo, la Comisión Marítima Federal, aunque otorgó el aval a dicha fusión, expresó  serias preocupaciones con respecto al mismo y se mantendrá fiscalizando. Resulta inconcebible que la Gobernadora no intervenga ante lo que pudiera significar este control casi absoluto de la mencionada empresa sobre la carga que llega al principal puerto de la Isla”, manifestó Román Abreu.

Para el también alcalde de San Lorenzo, la Autoridad de los Puertos le estaría prestando un flaco servicio a nuestro pueblo si no objetara dicha transacción y detuviera la misma. “Argumentar que por tratarse de empresas privadas no se deben activar los recursos de la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Hacienda y dejar que el director de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira, actúe por la libre frente a una acción que podría sumar mayores costos a una operación que ya sufre las onerosas condiciones económicas que le imponen las Leyes de Cabotaje, no es actuar en el mejor  interés del pueblo puertorriqueño”, finalizó el presidente de la Asociación de Alcaldes.

San Juan protege a los pacientes de cannabis medicinal de persecución y discrimen laboral

Presidente de la Legislatura Municipal de San Juan junto a legisladores municipales presentan proyectos de ordenanza que establecen garantías jurídicas a empleados que utilicen cannabis medicinal legalmente

Se beneficiarán tanto empleados municipales como todos aquellos que laboren dentro de los límites territoriales del Municipio Autónomo de San Juan

 

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Con el propósito de dar mayores garantías jurídicas a la fuerza laboral dentro de los límites territoriales del Municipio Autónomo de San Juan. La Legislatura Municipal de San Juan, presentó dos medidas que protegen legalmente a los empleados que tengan una prescripción médica o autorización legal, para el uso de cannabis medicinal, y den positivo a una prueba de uso de sustancias controladas. 

“Existe en este momento una situación conflictiva. Por un lado, el estado ha permitido que se utilice el cannabis y los derivados del cannabis, para atender condiciones de salud. Hay personas que se certifican para utilizar productos derivados de este y también hay médicos que están certificados y que recetan productos de cannabis. Por otro lado, tenemos una legislación aprobada arcaica que le crea problemas a la gente que lo usa. Por ejemplo, el no lograr conseguir un empleo, cuando tanto la empresa privada como el gobierno le exigen que se haga una prueba de dopaje. Entonces, ¿cómo tú vas a penalizar a alguien por usar una medicina que es recetada por un doctor legalmente?, expresó Marco Antonio Rigau, presidente de la Legislatura Municipal de San Juan.

Según se desprende del Proyecto de Ordenanza número 1, serie 2019-2020, ni la Ley número 59-1997, mejor conocida como la Ley para Reglamentar las Pruebas de Detección de Sustancias controladas en el Sector Laboral Privado, ni la Ley número 78-1997, conocida como la Ley para Reglamentar las Pruebas de Sustancias Controladas en los empleados Públicos, según enmendadas, son explícitas sobre cómo manejar situaciones donde un empleado arroja un resultado positivo en una prueba de detección de sustancias controladas al uso de una o varias sustancias controladas para las cuales posee permiso de uso  legítimo por parte del Estado o de aquellos facultados en ley para así hacerlo. Definiendo así ambos estatutos “drogas” o “sustancias controladas de Puerto Rico” exceptuando el uso de sustancias controladas por prescripción médica u otro uso autorizado. 

El Municipio Autónomo de San Juan interesa prohibir que se tomen represalias contra cualquiera de sus empleados o candidatos a empleo por este arrojar un resultado positivo en una prueba de detección de sustancias controladas al uso de una o varias sustancias controladas para las cuales cuenta con prescripción médica o autorización legal.

Por tanto este Proyecto de Ordenanza establece:  

Que se prohíba la toma de cualquier acción disciplinaria contra empleados del Municipio Autónomo de San Juan, o rehusar el empleo, traslado o ascenso de un empleado o candidato a empleo en el Municipio Autónomo de San Juan, basado en el resultado positivo de una prueba de detección de sustancias controladas al consumo de una o varias sustancias controladas para las cuales el empleado evidencia tener prescripción médica o autorización legal. 

 

Mientras el Proyecto de Ordenanza número 2, serie 2019-2020, establece que ningún patrono dentro de los límites territoriales del Municipio Autónomo de San Juan, pueda discriminar contra algún empleado o aspirante a empleo por razón de que utilice algún medicamento para el cual tenga una prescripción médica o autorización legal, como cannabis medicinal, ya sea en el proceso de reclutamiento, contratación, nombramiento, terminación o la imposición de cualquier acción disciplinaria en el empleo; establecer disposición sobre acomodo razonable, establecer exclusiones, entre otros. 

 

“No se puede permitir que una persona que está utilizando un producto recetado por un doctor en medicina, recetado legalmente, le cause a alguien un problema de trabajo por su condición de salud. Por lo tanto hay que modernizar la legislación y decir que lo que estamos haciendo aquí dentro del terreno que podemos reglamentar que es el Municipio de San Juan, tanto en el gobierno municipal como las empresas que operan en San Juan es, que la utilización de una medicina recetada por un doctor legalmente no puedo utilizarse de una manera negativa para crearle un problema a un paciente que la va a utilizar; de eso es que se trata esto. Es sencillamente de armonizar las realidades de empleo y de licencia, con las realidades con la autorización de una medicina que se está utilizando legalmente”, concluyó Rigau.

 

El Proyecto de Resolución número 16 también fue aprobado para exhortar a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a los demás municipios que adopten medidas similares a las propuestas por la Legislatura Municipal de San Juan en cuanto a justicia social, laboral y de salubridad para proteger a la clase trabajadora del discrimen por razón de que utilicen algún medicamento para el cual tengan prescripción médica o autorización legal. 

 

Actualmente, aproximadamente 11 estados ofrecen protección en el lugar de trabajo a pacientes certificados para usar cannabis medicinal, entre ellos, Arizona, Delaware, Minnesota y California. Específicamente, en California la ley limita la capacidad de un empleador a rechazar a un solicitante autorizado para utilizar cannabis medicinal, por un resultado positivo o su admisión de que usa cannabis medicinal.

 

Mientras, según datos provistos por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), cerca del 75% de las personas registradas y autorizadas para utilizar cannabis medicinal, se encuentran entre los 21 a los 59 años. Se trata de personas en plena edad productiva. Basado en dicha información, se estima que 15 mil personas activas en el mundo laboral podrían enfrentar alguna situación por el uso del cannabis medicinal. Además, dicha agencia entiende que, un empleado que arroje positivo en una prueba de dopaje, única y exclusivamente a cannabis y esté debidamente registrado y autorizado al uso del cannabis medicinal, no debe ser referido a un proceso de rehabilitación, ya que no solo estaría demostrando el uso ilícito de la sustancia, sino que no se debe entender por esto que la persona padezca de algún trastorno por consumo de sustancias.  Al igual que es importante proveer ciertas salvaguardas y protecciones para los empleados capacitados que estén certificados para el uso del cannabis medicinal. 

 

Senadora destapa escandaloso uso de fondos públicos en el Plan Vital

Exige a la Gobernadora que tome acción inmediata con ASES.

Jaime Torres Torres

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La senadora Rossana López León presentó un estudio que evidencia un escandaloso mal uso de fondos públicos en el Departamento de Salud, donde el plan médico del gobierno continúa gastando a un ritmo vertiginoso, aún cuando tiene 30% menos de pacientes bajo su atención. “Se le llame la Reforma, Tu Salud o Vital, el patrón es el mismo, administración fallida y crasa ineficiencia”, señaló la también ex procuradora de las Personas en Edad Avanzada.

“La pregunta es, si en los pasados cuatro años hay 30% menos de pacientes (1,671,657 en el año 2015 versus 1,167,390 en el  2019), ¿cómo es posible que se siga invirtiendo la misma cantidad de fondos públicos?  A dónde va a parar la diferencia?”, cuestionó López León. “Lo mismo sucede con la administración de los medicamentos, tiene que haber transparencia con los ‘rebates o descuentos’ que las farmacéuticas conceden a ASES por la cantidad que se compra, de nuevo ¿a dónde van a parar esos beneficios? 

En la conferencia de prensa celebrada en su oficina esta mañana, la senadora reveló además que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) exigió contratar una red de proveedores para proveer acceso en todas las regiones sin embargo, el tamaño de las redes varía significativamente entre una aseguradora y otra. El acceso por tipo de servicio sugiere dificultades por limitación a los pacientes que no tienen los médicos, ni los servicios que necesitan. También existen proveedores repetidos en la red de cada aseguradora. 

“Con relación al suplido de medicamentos, según la información suministrada por la misma ASES, las personas bajo el plan Vital no están recibiendo lo que realmente necesitan. ¿Por qué? Se sabe que la prioridad de ASES es obtener reembolsos de los suplidores no la salud de los pacientes”, aseguró la legisladora.

El 31 de enero pasado culminó a media noche el periodo de transición al nuevo modelo que dejó atrás las ocho regiones en las que estaba dividido el servicio a través de la isla, mientras se adentra en un futuro económico incierto. Los $4.8 mil millones que se asignaron a la isla a principios de 2018, podrían agotarse tan pronto como en septiembre de 2019 o durante los primeros meses del año fiscal federal 2020, sin ninguna garantía —al momento— de que Puerto Rico recibirá una nueva asignación a estos fines.

El actual sistema de salud inaugurado en 1994 ha sufrido muchos cambios “donde el mayor error fue cambiar un sistema de servicio público sin fines de lucro hacia las compañías de fines de lucro. Atado a la incapacidad de financiar con fondos propios, y la costumbre de acudir al Congreso en busca de más dinero, el gobierno tiene que esforzarse por fiscalizar a las compañías aseguradoras con la severidad necesaria”, añadió la senadora. 

En términos de soluciones, la también presidenta del Comité Municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan y candidata a alcaldesa, aseguró que “lo ideal es que el sistema de salud de Puerto Rico evolucione hacia un sistema de pagador único, que reduzca los costos administrativos y las ganancias que las compañías aseguradoras agregan a la prestación de servicios de salud”. Esta es una recomendación donde públicamente se han expresado a favor conocedores del sistema, como el Dr. Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y el ex secretario de Salud, Dr. Enrique Vázquez Quintana, entre otros salubristas. 

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