En peligro los ahorros de 150,000 socios de AEELA

Por medida impulsada por la mayoría PNP en la Cámara.

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La aprobación del Proyecto de la Cámara 2511 (P. de la C. 2511) pone en riesgo los ahorros de los 150,000 miembros de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (AEELA), pues la medida pretende que la institución financiera pierda su capital y, a la misma vez, provocaría una reducción significativa en el margen prestatario y en la renovación de los préstamos de todos los socios.

La denuncia la hizo en la mañana de hoy Gabriel López Arrieta, exadministrador de Vivienda Pública y precandidato a la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático (PPD).


López Arrieta hizo un llamado a los legisladores para que detenga esta nefasta medida legislativa. “Está claro que el propósito fundamental de este proyecto es intentar desmantelar AEELA y adueñarse del dinero que no le pertenece al gobierno central. Cabe señalar que medidas como esta no son nuevas ante la insistencia del PNP en querer eliminar el ente que le ha servido bien a sus miembros. Como ejemplo, solo el año pasado, la representante Lourdes Ramos presentó el Proyecto de la Cámara 1057, el cual trataba eliminar la Asamblea de Delegados como cuerpo gobernante, para crear una junta de gobierno escogida por el Gobernador y por los presidentes de los dos cuerpos legislativos”.


El candidato popular aseguró que el modus operandi de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes es jugar con el dinero que no es de ellos.

“Esta medida legislativa provocaría la destrucción de una institución financiera que le ofrece un amplio servicio y beneficio a los empleados públicos, jubilados, pensionados y sus familiares. El historial de la delegación de los novoprogresistas en la Cámara es una estrategia para destruir las instituciones controladas por la clase trabajadora y apropiarse de los ahorros de los miles de empleados públicos y pensionados”.

Gabriel López Arrieta.

EL FUNERAL DE LA CARTA DE DERECHOS A VÍCTIMAS DE DELITO EN PUERTO RICO

Prof. Juan Carlos Malavé-Rexach

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La primera oración de la exposición de motivos de la Ley 22 del 1988, según enmendada, Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito, establece claramente que “Un sistema de justicia que no es equitativo en cuanto a la protección de los derechos del acusado y la debida protección a las víctimas de delito está destinado al fracaso”.

La referida ley, en su recepción, afirma la importancia de una homeostasis entre los derechos del acusado y los de la víctima. Este balance, la estabilidad similar, es un deber ministerial del Estado al realizar sus leyes (legislativo), al ejecutar las leyes y normas (ejecutivo) y al adjudicar y procesar las leyes (judicial).

Durante más de dos décadas interviniendo con víctimas,como especialista en abuso y agresión sexual, no había visto un mayor ejemplo de victimización secundaria como los proyectos 2476 de la Cámara de Representantes y 1590 del Senado para las enmiendas de las Reglas de Procedimiento Criminal. El estremecimiento y la conmoción vivida por las víctimas de abuso y agresión sexual durante la confrontación, la experimentación y tramitación del procedimiento investigativo, judicial y psicosocial es suficiente para posibles traumas emocionales, comportamentales y sexuales. Sin embargo, se pretende prolongar este proceso, desabrochando viejas heridas emocionales e incorporando un capítulo adicional a la narrativa lóbrega y umbrosa de su vida. Dichos proyectos no cumplen con la armonía de la política pública de proveer protección victimológica.

La Carta de Derechos a las Víctimas está en agonía cuando el Estado no cumple con tres necesidades básicas de las víctimas: ser respetadas en su dignidad, ser protegidas y ser consultadas. Las víctimas tienen derecho a recibir un trato digno y compasivo por parte de todos los funcionarios y empleados públicos; amplificar los procesos en un nuevo juicio es un quebrantamiento a la integridad de la víctima.

Es lamentable y desacertado las aprobaciones de medidas legislativas sin la debida tramitación de las opiniones y recomendaciones de las víctimas; dado a que todas las víctimas deben de estar informadas de todos los procedimientos posteriores a la sentencia del agresor. Los menores de edad y poblaciones con diversidad funcional abusados sexualmente tienen derecho a no estar expuestos a experiencias que puedan tener consecuencias serias para su salud mental y emocional. Un ciclo agregado de experiencias judiciales recrudecería su estado biopsicosocial.

La adjudicación del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la controversia, en materia de derecho procesal penal del caso Ramos vs Louisiana, ha llevado al Estado a flaquear en el estado de derecho constitucional, penal y procesal del sistema de justicia criminal tomando la decisión de solicitar remedios para los casos de sentencias finales y firmes. Sin embargo, esta disposición aplica ipso facto a sentencias no unánimes que no sean finales y firmes. Nuestra situación de subordinación colonial nos “invita” a aceptar tal jurisprudencia, pero concibo una oscilación negativa de derechos entre víctimas y acusados incluir las sentencias finales y firmes, y de esta manera prepararnos para el funeral de la Carta de Derechos a Víctimas.

(El autor es Profesor Universitario y Sexólogo y Coordinador Comité Promoción Salud Sexual en la Asociación de Psicología de Puerto Rico.)

Charlie Delgado y congresista demócrata Rubén Gallego discuten alternativas para el desarrollo económico de Puerto Rico

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El precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri tuvo una conferencia cibernética con el congresista Rubén Gallego, demócrata por Arizona, sobre varios temas, entre los que se destacó el desarrollo económico para Puerto Rico.

“Agradezco el tiempo y las ideas de Gallego, quien conoce la importancia que tenemos los hispanos en el proceso económico de Estados Unidos y en la defensa de nuestra cultura y manera de ver mundo. En nuestra conversación exploramos alternativas de desarrollo y temas contributivos, que más adelante presentaré como parte de mi campaña. Es fundamental que este tema se trabaje desde nuevos puntos de vista y sin limitaciones ideológicas. Esa es precisamente la experiencia que yo he aplicado como alcalde de Isabela, donde junto a mi equipo de trabajo hemos sido exitosos en aplicar nuevas ideas”, detalló Delgado Altieri.


Gallego estuvo en Puerto Rico en marzo del año pasado, formando parte de la delegación del Comité de Recursos Naturales de la Cámara federal, donde sostuvo una serie de reuniones relacionadas al proceso de recuperación y la crisis fiscal de la isla. “Mantener relaciones de calidad con el mundo político de Estados Unidos es un proyecto que he estado trabajando con funcionarios de ambos partidos nacionales, basados en el siguiente principio: a Estados Unidos le conviene que Puerto Rico prospere y a nosotros nos conviene transformar la cultura de dependencia a una cultura de trabajo y de empresarismo”, añadió Delgado Altieri.

Bajo esa estrategia, el precandidato popular a la gobernación ya había presentado al inicio de su campaña varias estrategias en esa dirección, como el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, que en su conjunto son las que más empleos crean en Puerto Rico. Para eso, Delgado Altieri señaló que esa estrategia tiene que estar basada en incentivar el capital local con los mismos beneficios que el capital extranjero.

“De igual manera, incentivar a los jóvenes que apuestan por el empresarismo es una garantía de futuro, mediante Zonas Libres de Impuestos para Jóvenes Empresarios, donde podamos extender decretos contributivos y poder ofrecer a nuestros jóvenes nuevas oportunidades para crear sus negocios. También en el cooperativismo tenemos las herramientas para que ese sector pueda aportar más al desarrollo económico. Cuando apoyamos al de aquí, creamos un fuerte eslabón de relaciones en la economía”, finalizó el precandidato popular.

Carlos ‘Charlie’ Delgado Altieri y el congresista Rubén Gallego.

Presentan medida para prohibir que se desechen mascarillas y guantes en playas, ríos y cuerpos de agua

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El representante por Carolina, Ángel Matos García, radicará una medida para imponer una multa fija de 500 dólares a cualquier persona que deseche de manera irresponsable en las playas y otros cuerpos de agua, mascarillas y guantes.

“Desgraciadamente ya se está materializando la nueva realidad en nuestras playas, que luego de un día de actividad se recojen miles de mascarillas y guantes, que no tan solo ponen en peligro la vida marina sino que constituye desperdicios bio médicos al estar hablando de artículos contaminandos potencialmente con Covid-19”, destacó Matos García. 

La medida impulsa que los visitantes usen mascarillas de tela, bufandas y otros artículos de protección personal que por su costo o facilidad de reuso el visitante tenga la conciencia social de no dejarlos tirados y proteja el ambiente.

“Espero la aprobación inmediata de esta medida, ya que con el ejemplo del pasado fin de semana tenemos que ser severos con quien ensucie nuestras playas con desechos bio médicos. Estos artículos ponen en riesgo al personal que limpia nuestras playas, al igual que los visitantes, ante la posibilidad de contacto con artículos contaminados”, precisó el Representante por Carolina.

Denuncian Gobernadora discrimina contra los sindicatos de la empresa privada

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Rechazamos que la Gobernadora Wanda Vázquez Garced haga una invitación a los sindicatos, pida situaciones antes de que estos lleguen a reunión y luego rechace al sindicato de la empresa privada como lo es Movimiento Solidario Sindical.

El portavoz del Movimiento Solidario Sindical, unión que agrupa a empleados y empleadas de Coca Cola, Pepsi Cola y Partner Business Services, José Rodríguez Vélez indicó que “la gobernadora Wanda Vázquez se va a reunir este próximo miércoles, 27 de mayo a las 10:30 am con varios sindicatos en el Centro de Convenciones de P.R. El alicate de la gobernadora, el Lcdo. Carlos Rivera Santiago, nos pide que enviemos primero las preocupaciones y recomendaciones, un día antes de la reunión. En el MSS enviamos nuestros reclamos por el bien de la clase trabajadora en el sector privado que ha sido olvidada. Y minutos de enviar los reclamos, nos rechazan la participación en la reunión con la gobernadora”. 

“Nuestros reclamos son los del pueblo que no tiene sindicato, ese 98% de la empresa privada que no tiene unión. Primero pedimos la renuncia de la inepta Briseida Torres, que no ha podido procesar 300 mil órdenes de desempleo que le han llegado. Solicitamos que pongan más personal en OSHA ya que las querellas son cientos contra patronos del sector privado. Solicitamos que en los lugares de trabajo donde no hay unión se discuta con los empleados y empleadas la certificación que van a enviar al Departamento del Trabajo, entre otros reclamos”, insistió el líder sindical.


Rodríguez Vélez indicó que “jamás vamos a querer fotos con gobernantes que rinden cuentas a la clase empresarial del país ni muchos menos vamos a pedir favores para reunirnos con la gobernadora. Solo tenemos que expresar nuestro disgusto de ser selectivos y dejar fuera a la voz de la clase obrera en el sector privado. Esos y esas que nadie escucha, que el MSS les brinda voz para dejarse sentir. Nos molesta que a los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada, nos saquen de una reunión para llevar nuestros reclamos.”.


Por otro lado, “le solicitamos a los sindicatos que tengan la taquilla para ir a la reunión, que no se olviden de los obreros y obreras del sector privado, que somos los que no nos atienden en el desempleo, que ni OSHA tiene el personal para llegar y estamos a merced de la dictadura de los patronos, que somos el 98% de los que no tienen unión que nos defienda”, dijo el líder obrero.

Rodríguez concluyó “desde el Movimiento Solidario Sindical, invitamos a la clase obrera a organizarse en sindicatos y luchar por los justos derechos que nos brinda un convenio colectivo”.

Movimiento Solidario Sindical es el sindicato que representa a cientos de trabajares en Coca Cola, Pepsi Cola y Partner Business Services. También José Rodríguez Vélez es portavoz interino de la Coordinadora Sindical de Puerto Rico, central que representa varios sindicatos del gobierno y sector privado.

Jóvenes reactivan comedor social

Jóvenes del Movimiento Comunitario Julia de Burgos de Naranjito reactivan comedor social ante escasez en algunos hogares.

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Un grupo de jóvenes residentes de Naranjito, agrupados en el Movimiento Comunitario Julia de Burgos, ha reactivado la iniciativa de comedor social que aplicaron luego del paso de los huracanes Irma y María por la Isla. En este pueblo de la montaña se recuerda con mucho cariño y admiración a la poeta Julia de Burgos porque ella ejerció la profesión de maestra en una escuela elemental del sector Feijóo del Barrio Cedro Arriba.


“En aquella ocasión nosotros identificamos muchos casos de personas que aún recibiendo alguna asistencia estatal o municipal, estaban en condiciones bien precarias en cuanto a la alimentación se refiere. Estamos hablando de madres que crían solas y personas en edad avanzada, entre otros. Ahora lo que estamos viendo son familias donde se han quedado sin trabajo por la pandemia y no han podido accesar a los programas de seguro por desempleo o asistencia nutricional. Cada día la situación empeora porque naturalmente nadie podía prepararse para más de dos meses sin trabajar”, detalló Kiara P. Ortega Morales, portavoz del colectivo.


Ante esta situación, los miembros del Movimiento Comunitario Julia de Burgos comenzaron a distribuir bolsas de compra con lo básico, recaudando de lo que tenían en sus hogares y donativos de familiares. Al aumentar la cantidad de casos que las comunidades van refiriendo, los jóvenes están solicitado donaciones para continuar el comedor social debido a la necesidad que enfrentan las familias.


“Cualquier donación es bien recibida, en términos de alimentos no perecederos como arroz, habichuelas y vegetales enlatados, jugos y frutas, entre otros. “Agradecemos cooperación, también pueden comunicarse al 787-941-8281 o acceder a MCJuliadeBurgos en las redes socialesFacebook e Instagram para donaciones.

Hay un pensamiento de Julia de Burgos que nos inspira a diario, que es ‘Dejarse vencer por la vida es peor que dejarse vencer por la muerte’. Eso nos impulsa a seguir adelante en este proyecto”, finalizó Ortega Morales.

Kiara Ortega Morales, del Movimiento Comunitario Julia de Burgos, entidad sin fines de lucro que ha reactivado su comedor social para servir alimentos a los pobres de Naranjito.

$5 millones le costaría al Pueblo el plebiscito sobre la estadidad

$5 millones en fondos públicos costaría el plebiscito y consulta presidencial de noviembre. Buscan en los tribunales detener tal despilfarro.

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La propuesta de celebrar otra consulta plebiscitaria sin el aval del Congreso federal, sumado a una consulta simbólica sobre la presidencia de Estados Unidos el mismo día de las elecciones (martes, 3 de noviembre), le costaría al pueblo unos $5 millones en fondos públicos, cantidad que el abogado barranquiteño Orlando José Aponte Rosario considera un despilfarro de fondos públicos, ya que ambas consultas son meros caprichos políticos sin consecuencia jurídica alguna.

Por esta razón, el también candidato a la Cámara de Representantes por el distrito 26 (Barranquitas, Villalba, Orocovis, Coamo) por el Partido Popular Democrático (PPD) presentó una petición de mandamus contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se cancele el plebiscito simbólico ’estadidad sí o no’ por considerarlo una erogación de fondos públicos para adelantar una causa que es exclusiva del Partido Nuevo Progresista (PNP), así como la consulta para votar por el Presidente y Vicepresidente de los Estados Unidos, en vista de que los residentes en Puerto Rico no tienen ese derecho por disposición federal.

En el recurso radicado el pasado viernes, se solicita que se declare inconstitucional la Ley 12-2018 y la Ley 51-2020, de conformidad con el precendente resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Baez Galib vs. Comisión Estatal de Elecciones. “Entre ambos casos, dichas leyes asignan hasta $5 millones para impresión de papeletas y pagar publicidad, entre otros gastos. Aunque se puede argumentar retóricamente que la democracia es tan valiosa que no tiene precio, en estos dos casos todos sabemos que el resultado final es totalmente inconsecuente”, aseguró Aponte Rosario.

El abogado añadió que “es evidente que la única razón para justificar este gasto de fondos públicos es intentar que los estadistas salgan a votar el día de las elecciones. Ante la crisis fiscal, económica y de salubridad que vive el país es un disparate asignar tal cantidad de fondos públicos. De hecho, el Departamento de Justicia Federal no ha avalado el plebiscito y todo apunta a que van a emitir una determinación en contra de la consulta por ser una pregunta capciosa para inducir a error a los electores. Tampoco estas consultas están presupuestadas en el plan fiscal aprobada por la Junta de Control Fiscal y no hay alguna autorización por parte de esa entidad para autorizar el desembolso de esos gastos”, finalizó Aponte Rosario.

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